La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, anunció la designación de siete nuevos procuradores generales adjuntos, en cumplimiento con la Ley Orgánica del Ministerio Público (Núm. 133-11).

Entre los nombramientos destaca el del magistrado Rodolfo Espiñeira Ceballos, quien asumirá como primer sustituto de la Procuradora General de la República y desempeñará funciones en el despacho. Asimismo, Wilson Manuel Camacho Peralta continuará liderando la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y Osvaldo Bonilla Hiraldo estará al frente de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional, encargada de los procesos de extradición y derechos humanos.

Otros procuradores designados incluyen a Pedro Frías Morillo, segundo sustituto de la Procuradora General y director técnico del despacho; José Vitervo Cabral González, inspector general del Ministerio Público; Sourelly Jáquez Vialet, directora de la Unidad de Jurisdicción Privilegiada en Procesos Especiales; Juan Medina de los Santos, director de la Unidad de Litigios Civiles y Administrativos, y Alba Corona Valerio, directora nacional del Sistema de Atención.

En la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), se designó a la procuradora de Corte Mirna Ortiz como su nueva titular.

Además, se realizaron nuevas designaciones de fiscales titulares en distintas jurisdicciones del país, incluyendo Quirsa Abreu Peña en Santiago, Ramona Santana en San Cristóbal y Andrés Comas en Monte Plata.

Como parte de la reestructuración, María Rosalba Díaz dirigirá el Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas (RELEVIC), Wendy Estrella Monsanto ocupará la Secretaría General del Ministerio Público y Katiusca Viviano liderará la Unidad Central de Gestión de Cobros de Multas y Ejecuciones de Garantías Económicas.

La magistrada Reynoso destacó que estas designaciones forman parte de un proceso de transformación institucional con el objetivo de fortalecer la transparencia, la eficiencia y la calidad del servicio que ofrece el Ministerio Público a la ciudadanía.