Santo Domingo.- La organización Participación Ciudadana (PC) consideró este lunes que valora el «esfuerzo» realizado por la comisión encargada de redactar un proyecto de ley que pretende actualizar el marco regulatorio de los medios audiovisuales en el contexto de la libertad de expresión.

Se trata de un proyecto que, de aprobarse, vendría a llenar un vacío, pues la actual Ley 6132, de expresión y difusión del pensamiento, fue promulgada en 1962, cuando no existía el desarrollo tecnológico actual, que obliga a una actualización de la norma, dijo PC en un documento.

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La onegé, sin embargo, destacó que una serie que el proyecto de ley contiene artículos, como el 9, que trata sobre archivos informativos y dice que los medios tienen derecho a preservar las informaciones «veraces», lo que implica el riesgo de que se le pida que borre informaciones que una parte entiende que no son veraces.

Asimismo, en el artículo 13 se exige que el director de un medio de comunicación esté «domiciliado real y permanentemente en la República Dominicana» desconociendo una realidad del trabajo por internet. Bastaría que el medio tenga domicilio en el país.

Participación Ciudadana también afirma que en el artículo 20, ordinal 4, se señala que se deberá permitir la auditoría del algoritmo y los códigos fuentes, pero no establece los procedimientos para que esta obligación pueda hacerse realidad.

«En artículo 36, pero en el párrafo 1, se señala que será competencia de la JCE y no del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), a ser creada por la ley, la regulación y tutela de los temas electorales durante la precampaña y la campaña, pero nada dice de lo que ocurra fuera de esos períodos, que deben ser también competencia de la JCE.

La organización favoreció varias partes del proyecto, entre estas la que reconoce el acceso a internet como un derecho fundamental y obliga al Estado a crear las condiciones para facilitar el acceso.

Asimismo, que establece la prohibición de la censura indirecta que se produce cuando se utilizan los recursos del Estado distribuyéndolos en forma de prebenda o asignando la publicidad de forma arbitraria y discriminatoria, u otorgando frecuencias de radio y televisión para premiar o castigar de acuerdo con las líneas informativas de los medios o comunicadores, con lo que queda clara la intención de poner fin a prácticas incorrectas y hasta corruptas que han predominado en esta materia.

Distingue, agregó PC, entre periodistas y comunicadores sociales. Y señala que todas las personas tienen derecho a la comunicación social individual o colectiva sin necesidad de autorización alguna, excepto la que caen bajo el régimen de las telecomunicaciones y los medios audiovisuales que utilizan recursos escasos.

«Establece el principio de tolerancia a la crítica de parte de funcionarios, políticos, candidatos o aquellas personas que mantengan una presencia notable, activa e influyente en los medios y en las redes sociales, quienes están sujetos a un mayor escrutinio social», reconoció Participación Ciudadana.

El proyecto de ley ha concitado el apoyo de varios grupos y el rechazo de aquellos que denuncian la supuesta intención de la iniciativa de regular la libertad de expresión en medios audiovisuales.

El Senado de la República dejó conformada una Comisión Especial para analizar y estudiar el Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, remitido por el Poder Ejecutivo.

Esta comisión especial está encabezada por la comunicadora y senadora Aracelis Villanueva e integrada por los senadores Moisés Ayala, Franklin Romero, Aneudy Ortiz, Andrés Lama, Ramón Rogelio Genao, Omar Fernández, Félix Bautista, Rafael Duluc, Pedro Tineo y Ginnete Bounigal de Jiménez.