A quienes les son rentadas las viviendas, dividen el espacio cobrando por habitaciones y colchones que, incluso, son distribuidos en los techos en los horarios de dormir.

La Dirección General de Migración (DGM) intervino el residencial San Isidro El Labrador, ubicado en el sector del municipio de Santo Domingo Este con el mismo nombre, San Isidro, por los intensos flujos de inmigrantes indocumentados y la instalación de negocios de alquiler de habitaciones y colchones irregulares.

Según el informe del encargado de seguridad del sitio, Kelvin Rodríguez, extranjeros, que sí están legales, se aprovechan de alquilar, por montos alrededor de los RD$15,000, apartamentos a arrendatarios que normalmente viven fuera del país y desconocen las situaciones que se dan.

Bajo esta sombrilla, a quienes les son rentadas las viviendas, dividen el espacio cobrando por habitaciones y colchones que, incluso, son distribuidos en los techos en los horarios de dormir.

“Como entran más de 20 personas en una misma casa, y no caben, ellos lo que hacen es que en las noches suben los colchones para los techos de los edificios, duermen ahí y por la mañana bajan normal, y es una situación”, contó Rodríguez a periodistas.

Entre la noche del jueves y el día de ayer viernes, tras recibir reiteradas denuncias de los residentes, migración ha capturado unos quince haitianos ilegales en el complejo.

No será suficiente

En el residencial, viven más de 14,000 personas, según el jefe de seguridad, distribuidas en unos 4,288 apartamentos que a su vez están segmentados en manzanas, de las cuales solo una toma precauciones con las personas que llegan a vivir ahí.

“Cada manzana tiene su propia junta de vecinos que toma las decisiones por el bloque, y solo en la manzana K se encargan de depurar que quienes se muden ahí, no vayan a significar un problema futuro”, aseguró.

En la totalidad de edificios restantes, han pasado por la situación que ahora los tiene alerta y pidiendo la ayuda continua de la Dirección de Migración.

Sin embargo, aunque es parte de la solución, el accionar de la DGM no es todo lo que el problema amerita.

“Ahora le toca a las propias juntas de vecinos tomar las decisiones de lo que harán porque no pueden sacarlos porque están alquilando un apartamento y aunque hemos intentado comunicarnos con los dueños, no hemos tenido buenos resultados”, señaló.