Lo que cada año debería ser un momento de ilusión cuando agosto toca la puerta, para una gran parte de la población, especialmente en sectores populares y urbanos, el inicio del año escolar se convierte en una carrera angustiante, llena de obstáculos, incertidumbre y frustración.

Lejos de la promesa de acceso universal, el sistema educativo dominicano enfrenta un cuello de botella evidente, no hay suficientes cupos para la cantidad de estudiantes que buscan una educación pública digna, las escuelas disponibles enfrentan serias fallas de infraestructura y el proceso de inscripción aún en pleno siglo XXI continúa siendo desorganizado, poco eficiente y, muchas veces, excluyente.

Es frecuente escuchar y ver en las noticias a padres decir, “Dormí en la acera desde las 3 de la mañana para intentar conseguirle un cupo a mi hijo de ocho años… y no lo logré”. Así hay centenares de padres y madres que hacen largas filas frente a los planteles escolares durante días, con carpetas llenas de papeles, esperando un espacio para sus hijos.

La falta de planificación del sistema escolar, junto con el aumento constante de la población estudiantil, deja a muchas familias en una especie de lotería donde la suerte y las conexiones parecen pesar más que el derecho constitucional a la educación.

Mientras algunos centros escolares están saturados y operan en condiciones precarias, otras escuelas prometidas siguen en construcción o abandonadas por años, convirtiéndose en un panorama repetitivo.

En un contexto donde casi todo está digitalizado, el proceso de inscripción escolar en el sistema público dominicano aún depende, en muchos casos, de métodos presenciales con largas filas, listas escritas a mano y decisiones “informales”.

El resultado es un círculo vicioso de exclusión educativa. Niños y adolescentes pierden semanas, incluso meses sin clases, mientras sus padres intentan conseguirles un espacio. En ocasiones, deben recurrir a escuelas privadas de bajo costo que representan un esfuerzo económico titánico para las familias.

Aunque el Ministerio de Educación ha anunciado programas de expansión de la cobertura, como la construcción de nuevos centros y la jornada extendida, los resultados no son suficientes ni inmediatos.

La educación es un derecho, no una competencia desigual. Es hora de reconocer que ningún niño o niña dominicana debería quedarse fuera de una escuela pública por falta de espacio, desinformación o mala gestión. Y es responsabilidad de todos, del Estado, comunidad y sociedad civil, garantizar que cada inicio de año escolar sea una oportunidad de avanzar, no un motivo de angustia colectiva.