Santo Domingo.– La *Asociación de Mujeres Fiscales de la República Dominicana (AMFIS)* considera que las condiciones de hacinamiento registradas en el centro de retención provisional de la Unidad de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte no obedecen a actuaciones atribuibles a la directora de esa dependencia, la procuradora fiscal Ayeisa Cedeño Richiez.

 

Por el contrario, la magistrada Cedeño Richiez ha actuado con estricto apego a la Constitución, las leyes y los principios que rigen el debido proceso, garantizando en todo momento los derechos fundamentales de las personas detenidas y realizando las gestiones necesarias para que sus solicitudes de medidas de coerción sean conocidas por los tribunales en el menor tiempo posible.

 

La situación que actualmente enfrenta la jurisdicción de Santo Domingo Este responde a una problemática de carácter estructural. El centro de retención de San Luis se encuentra operando al límite de su capacidad, mientras que, desde hace varias semanas, el Centro Penitenciario Las Parras no está recibiendo nuevos privados de libertad. Esta realidad ha generado importantes dificultades logísticas en el sistema de traslados y recepción de detenidos, afectando no solo los casos de violencia de género, sino la totalidad de los procesos penales de la jurisdicción de Santo Domingo Este y Norte.

 

Como consecuencia de esta situación, se han producido múltiples aplazamientos de audiencias de conocimiento de medidas de coerción por la imposibilidad de trasladar oportunamente a los detenidos, llegando algunos ciudadanos a esperar hasta un mes para que su solicitud sea conocida por el tribunal competente.

 

En ese sentido, es importante precisar que las limitaciones derivadas de la capacidad del sistema penitenciario no son atribuibles al Ministerio Público. A partir de la reorganización institucional del sistema de justicia, la administración del régimen penitenciario dejó de formar parte de las competencias de esta institución, por lo que la disponibilidad de espacios en los centros de privación de libertad escapa a su ámbito de responsabilidad.

 

Asimismo, la Asociación recuerda que la función de la procuradora fiscal Ayeisa Cedeño Richiez, en su condición de directora de la Unidad de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este y Norte, consiste en proteger a las víctimas, dirigir la investigación de los hechos punibles, procurar el arresto de los presuntos responsables cuando exista flagrancia o una orden judicial, y presentar las correspondientes solicitudes de medidas de coerción dentro del plazo constitucional y legal de cuarenta y ocho horas.

 

La Asociación de Mujeres Fiscales de la República Dominicana reafirma su respaldo al trabajo desempeñado por la magistrada Ayeisa Cedeño Richiez y hace un llamado a que el debate público sobre esta situación se fundamente en información objetiva y en la correcta identificación de las causas que han originado las dificultades operativas que actualmente enfrenta la jurisdicción de Santo Domingo Este y Norte.