Un tribunal del Distrito Nacional condenó al Cedimat al pago de 15 millones de pesos por mala práctica en perjuicio de una paciente.

Las condenas judiciales a establecimientos de salud continúan en aumento en el país vinculadas a mala práctica médica y debilidades en la bioseguridad del paciente, sumándose a las ya conocidas, otra impuesta a CEDIMAT, que le ordena al pago de una indemnización de 15 millones de pesos a los familiares de una paciente.

En los últimos días se han conocido los casos de fallos judiciales dictados contra el hospital de Traumatología Ney Arias Lora , la Clínica Corazones Unidos, el Centro de Cirugías Plásticas y Especialidades (CECIP) y Cedimat, que involucran millones de pesos en el pago de indemnización a pacientes y familiares víctimas de mala práctica.

Esto ha generado una gran preocupación entre ejecutivos de centros de salud públicos y privados del país, así como del Colegio Médico Dominicano (CMD) y de médicos especialistas en diferentes ramas de la medicina.

Médicos protestaron

Como señal de repudio a lo que consideran un “festín de condena” en contra de los médicos, clínicas privadas y hospitales, ayer médicos dirigidos por el Colegio Médico Dominicano (CMD) realizaron una protesta frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia.

Sobre el tema, el experto en seguridad social y presidente de la Fundación Seguridad Social para Todos, Arismendy Díaz Santana pidió no politizar las condenas médicas y dijo que las mismas deben suscitar profundas reflexiones, en torno a la aplicación de los protocolos establecidos, de modo de preservar tanto los derechos de los pacientes, como la seguridad y tranquilidad del personal de salud y de los hospitales y clínicas.

En un análisis sobre el tema, Díaz Santana se refiere a declaraciones y preocupaciones emitidas por actores de la salud sobre el tema, y dice que es fundamental cumplir con los protocolos para evitar demandas.

Explica que de acuerdo a las leyes, se incurre en mala práctica médica cuando el paciente sufre daños de consideración a su estado de salud y a su vida, a causa del incumplimiento de los protocolos de atención. No se juzga si el paciente se curó o no, tampoco si sobrevivió, sino si se cumplió con el protocolo establecido por Salud Pública.

Dijo que aunque existe el riesgo de que abogados inescrupulosos abusen de estos recursos, pero eso no puede justificar la impunidad frente a la mala praxis. “Es necesario encontrar un equilibrio, para evitar excesos de judicialización, pero también para evitar descuidos a costa de la integridad y de la vida de los pacientes”.