En el marco del acuerdo inicial entre el Gobierno del presidente Luis Abinader, la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), el Consejo del Poder Judicial (CPJ) y el Ministerio de la Presidencia (MINPRE), se comprometió la entrega de 400,000 títulos de propiedad a ciudadanos en situación de indefensión jurídica.

Este acuerdo, aprobado el 6 de enero de 2021, establecía la entrega de los títulos durante el período 2021-2024, con un plan de acción que contemplaba un incremento en la capacidad de producción y mejoras en el proceso de titulación. Sin embargo, a cuatro años de la firma, los resultados son desalentadores.

De los 400,000 títulos prometidos, solo se han entregado aproximadamente 115,000, lo que representa un 29% de cumplimiento. Esto significa que alrededor de 285,000 títulos siguen pendientes de entrega, reflejando un alarmante incumplimiento del 71% respecto al objetivo planteado.

El acuerdo estipulaba que la capacidad de producción del Registro Inmobiliario debía aumentar de 1,000 a 6,000 títulos mensuales en los primeros seis meses, y posteriormente alcanzar los 11,111 títulos mensuales. No obstante, los expedientes han acumulado retrasos significativos, a pesar de que se había establecido un plazo de 28 días laborables para su procesamiento, afectando a miles de familias que dependen de la titulación de sus terrenos para obtener seguridad jurídica.

Además, en la plataforma de transparencia de la UTECT, la información disponible solo abarca los años 2022 y 2023, sin registros accesibles de 2020 y 2021. Asimismo, el inventario de inmuebles titulables, que debía presentarse en el primer trimestre de 2021, aún no ha sido publicado, lo que evidencia deficiencias en la organización y planificación del proyecto.

El incumplimiento de estos compromisos por parte de la UTECT pone en evidencia la incapacidad de la institución para cumplir con su misión principal: la titulación de terrenos. La falta de resultados concretos refleja una gestión deficiente y un fracaso en la ejecución de este proyecto gubernamental, dejando en incertidumbre a miles de ciudadanos que esperan respuestas claras y soluciones efectivas.

La titulación de terrenos es un derecho fundamental y es imperativo que las autoridades responsables rindan cuentas sobre el estado del proyecto y presenten medidas concretas para garantizar el acceso a la seguridad jurídica de los afectados.