Berlinesa Franco dice «era responsabilidad» de Carlos Pimentel
Santo Domingo.- El Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), adjudicó el suministro y
distribución de alimentos crudos para los Centros CAIPI y CAFI por un monto ascendente a RDS29,999,997, sin la constancia o
evidencia de que la empresa disponga del registro sanitario como establece la Ley de Compras y Contrataciones, así lo revela la auditoría realizada a esta entidad por la Cámara de Cuentas.

De acuerdo al documento, «en la evaluación del procedimiento INAlPl-CCC-LPN-2019-0018 para el suministro y distribución de alimentos crudos para los Centros CAIPI y CAPI, observamos que fue adjudicado mediante acta administrativa del Comité de Compras y Contrataciones de fecha 28 de junio del 2019 a la empresa Fulsolución, S.R.L. RNC 131-28766-2, para la entrega del Lote II, correspondiente a frutas frescas, sin la constancia o evidencia de que la empresa disponga del registro sanitario para almacén de suministro de alimentos crudos».

En ese sentido, María Milosi Espinosa, encargada del Departamento de Compras y Contrataciones, confirmó que no se encontraron evidencia de los registros sanitarios solicitados, por lo que Berlinesa Franco, exdirectora ejecutiva del INAIPI, en respuesta a réplica, expresó: «Estas eran responsabilidades técnicas del perito actuante, señor Carlos Pimentel (Director de Compras y Contrataciones)».

Sin embargo, la recomendación indica que es a la directora ejecutiva (Berlinesa Franco) que le corresponde, garantizar que los responsables de los procesos exijan el cumplimiento de los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones para los procedimientos
de compras y contrataciones conforme a las normativas vigentes.

Este hecho constituye una irregularidad en virtud de lo que establece la normativa de Compras y Contrataciones que cuando dice que «la adjudicación se hará en favor del oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales y del país, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones que se establezcan en la reglamentación, de acuerdo con las ponderaciones puestas a conocimiento de los oferentes a través de los pliegos de condiciones respectivos.

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Dentro de las irregularidades de la gestión desde el 2016 al 2020, el informe destaca también conduces registrados en el sistema no observados físicamente y con una misma numeración e igual fecha de emisión, además, pago a proveedor sin estar al día en el pago de sus impuestos, diferencias entre el precio contratado y el facturado; y la participación y posterior adjudicación a empresas con registros mercantiles pertenecientes a los mismos socios.