La querella fue interpuesta en la Unidad de Atención a Víctimas, de Género y Delitos Sexuales, luego de conocerse la reincidencia del imputado.

Los jueces de la Oficina Judicial de Atención Permanente de la provincia La Altagracia impusieron un año de prisión preventiva al pastor Víctor Manuel Kery, acusado de violación a menores en la iglesia que pastoreaba.

La decisión fue emitida ayer por la magistrada Francis Diloné, luego que se había postergado, el pasado fin de semana, el conocimiento de la audiencia.

La jueza también decidió declarar el caso complejo, además de que dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en la cárcel Anamuya, de esta provincia La Altagracia.

El pasado 4 de julio, el pastor detenido por agentes de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional (DICRIN), frente a su residencia del sector Villa Cerro, luego de que fuera puesta una querella por parte de dos de los afectados.

La querella fue interpuesta en la Unidad de Atención a Víctimas, de Género y Delitos Sexuales, luego de conocerse la reincidencia del imputado, quien utilizando mentiras, artículos y métodos crueles, se valió de las intenciones sanas de las familias por la religión, para presuntamente cometer pederastia ocultándose en la prédica.

Los propios testimonios indican que Kery abusaba de uno de de los afectados desde que la víctima tenía 17 años. Valiéndose de supuestas vigilias y cilicios, excusa que aprovechaba para llevarla a una iglesia en el barrio Villa Cerro para que amanecieran allá.

“Me ponía en contra de mi voluntad y por miedo, tuve que acceder a hacerle sexo oral y otros actos sexuales”, reveló el menor en declaraciones que aparecen en el expediente y que han consternado a la sociedad.

De las víctimas, algunos de los jóvenes han revelado que el supuesto pastor, los llevaba a un rancho ubicado en la comunidad de El Cerro, en compañía de otro compañero de su pastor que junto a otros, les obligaba a sostener relaciones sexuales, lo que hizo a principio de este año, a pesar de que fue condenado a cinco años en 2021.