El CAID no tenía entre sus responsabilidades ocuparse de la inclusión en el sistema escolar de la población usuaria de sus servicios, lo que restringía su ámbito de intervención al desarrollo de habilidades que acercaran a las niñas y niños a su máxima funcionalidad

El presidente de la República, Luis Abinader, transfirió al Ministerio de Educación (Minerd) el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), con el propósito de satisfacer la demanda de las familias de eliminar las barreras que impiden la inserción social y escolar de sus hijos con discapacidad.
Mediante el decreto número 456-23, el mandatario dispuso en el año 2023 la transferencia al Ministerio de Educación del Centro de Atención Integral para la Discapacidad.

Sin embargo, el jefe de Estado, en el año 2020 y, posteriormente, a través del decreto número 170-21, del 16 de marzo de 2021, había creado el CAID como un órgano desconcentrado, tanto funcional como territorialmente, adscrito al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas), con el objetivo de “brindar un servicio integral de calidad en la evaluación, diagnóstico y proceso terapéutico de los niños de 0 a 12 años de edad con trastorno del espectro autista, síndrome de Down y parálisis cerebral”.

Abinader, mediante decreto, modificó la parte capital del artículo 1 del decreto número 170-21, así como la parte capital del artículo 5 del mismo decreto.

Con estas modificaciones el mandatario creó el CAID como un centro adscrito al Minerd. Además, estableció que el Estado dominicano, a través del Minerd, garantizará la continuidad de las labores que realiza el CAID mediante la asignación presupuestaria necesaria para el cumplimiento de sus objetivos, metas y programas, asumiendo sus pasivos laborales, las obligaciones de pago de la nómina de empleados, así como cualquier otra obligación que surja como producto de las disposiciones contenidas en el decreto más reciente.

Sin embargo, sin perjuicio de su dependencia al Minerd, a través del decreto se dispuso que el CAID mantenga con Salud Pública las coordinaciones técnicas y administrativas de lugar, “a los fines de desarrollar las disposiciones de la Ley número 34-23 de Atenció, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA)”.

El CAID no tenía entre sus responsabilidades ocuparse de la inclusión en el sistema escolar de la población usuaria de sus servicios, lo que restringía su ámbito de intervención al desarrollo de habilidades que acercaran a las niñas y niños a su máxima funcionalidad.

El presidente del consejo directivo, el padre Jorge William Hernández, aseguró que con este paso la institución recupera la integralidad de los servicios psicoeducativos y terapéuticos, agiliza la puesta en marcha del nuevo modelo de atención y servicios y garantiza la continuidad del Plan Nacional de Unidades de Intervención Terapéutica Territoriales (UITT).