La jueza Adaías Sánchez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega, impuso un año de prisión preventiva al subdirector y seis agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP) del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, en La Vega, acusados de tortura y de causar la muerte de un interno.

Los imputados son José Luis Agramonte, subdirector del CCR, y los agentes Julio Alcibíades Montás Pérez, Robert De La Rosa, Joheny De Mora Moreta, José Benjamín Jerez Pérez, Ariel Meregildo y Santo Beltré Reyes, quienes enfrentarán el proceso judicial bajo la calificación de caso complejo.

El grupo fue sometido a la justicia por su presunta responsabilidad en la muerte del interno Wilgens Nicolás Vargas, así como por actos de maltrato, agresión física, uso excesivo de la fuerza y tortura contra otros privados de libertad.

Durante la audiencia, el Ministerio Público, representado por la fiscal litigante Claudia Carolina Perdomo, presentó diversas pruebas documentales, periciales, materiales, ilustrativas y testimoniales, las cuales fueron valoradas por el tribunal para justificar la imposición de la medida cautelar.

Según un comunicado del Ministerio Público, la investigación, denominada “Caso Antídoto II”, se inició tras una denuncia de la Comisión de Cárceles de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, presentada el 30 de agosto de 2024, la cual alertaba sobre graves hechos de tortura y malos tratos sistemáticos dentro del penal.

Las pesquisas establecieron que, como consecuencia de estos abusos, Wilgens Nicolás Vargas falleció el 1 de septiembre del pasado año en el CCR El Pinito.

El Ministerio Público ha calificado jurídicamente los hechos como violaciones a múltiples artículos del Código Penal Dominicano, incluyendo la coalición de funcionarios, abuso de autoridad, asociación de malhechores, homicidio agravado y actos de tortura y barbarie, entre otros delitos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.