“Este nuevo régimen mantendría la cesantía como un derecho, con un doble tope aplicable: un límite de seis años de antigüedad y un máximo de diez salarios, entre otras opciones”, explicaron los empresarios.

A pesar de las fuertes amenazas que han realizado diversos representantes de las centrales sindicales, los representantes del sector empresarial presentaron este miércoles ante el Congreso Nacional una modificación al apartado de la cesantía en la Ley 16-92 del Código de Trabajo.

Más de 11 agrupaciones corporativas, representadas por el Consejo Nacional de Empresas Privadas (Conep), estuvieron de acuerdo en colocar un tope de seis años máximo al pago de las prestaciones laborales que deben pagarle a los empleados por desahucio.

Además, proponen establecer en el nuevo régimen que, “mantendría la cesantía como un derecho”.

“Este nuevo régimen mantendría la cesantía como un derecho, con un doble tope aplicable: un límite de seis años de antigüedad y un máximo de diez salarios, entre otras opciones”, explicaron los empresarios.

Sobre este apartado, no especificaron cuál sería el procedimiento para ejecutar el método que fijaría un tope de salarios mínimos para la entrega de este derecho adquirido de los empleados, cuando son despedidos.

El presidente del Conep, Celso Marranzini, reiteró que la intención de las grandes empresas no es eliminar la cesantía, sino, más bien, una profunda revisión que les permita mejorar los salarios de los empleados dominicanos.

Marranzini indicó que esto contribuiría al desarrollo productivo del país, ya que no representaría “una carga para los empresarios”.

Aclaró que están en disposición de reunirse con la dirigencia de las centrales sindicales para compartir observaciones sobre esta recomendación.

Por último, las organizaciones aclararon que las medidas alternativas que propone sean incluidas en la venidera reforma laboral solo se aplicaría “exclusivamente” a los nuevos contratos de trabajo acordado luego de vigente la ley.

Las demás entidades empresariales que asistieron y presentaron una postura unificada ante los congresistas fueron la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM); Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME); Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD); Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES); Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE); la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA).

La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI); Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC); Asociación de Comerciantes e Industriales (ACIS); Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (ANEIH).

Estas entidades deben aún entregar de manera formal, a través de un documento, sus observaciones sobre la pieza depositada el pasado 10 de octubre por el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, la cual no altera los artículos sobre la cesantía en la ley.
Comisión de trabajo

El presidente de la comisión especial del Senado que estudia la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, legislador Rafael «Cholitín» Duluc, aseguró que la posición de los congresistas es revisarla, “no eliminarla”.

Además, informó que los integrantes de la comisión decidieron, sobre el consenso, extender el estudio de la pieza para el siguiente año, ya que el “tiempo no ha sido suficiente”.

Duluc aclaró que esto le permitirá a la mesa de trabajo continuar con los diálogos y garantizar la participación “de todos los sectores posibles”.