El empresario canadiense Antonio Carbone denunció ante la delegación de las Naciones Unidas (ONU) y las embajadas acreditadas en República Dominicana, desacato judicial y corrupción dentro del Palacio Presidencial, el Ministerio Público y el Ministerio de Hacienda.
El inversionista hizo la denuncia mediante una carta entregada a las sedes diplomáticas.
Carbone, quien invirtió en el país en 2011, afirma en su misiva que es víctima de una trama político-empresarial que resultó en su injusta encarcelación por nueve años.
Precisa que el Tribunal Constitucional, mediante la Sentencia No.TC/0515/23, acogió una solicitud de Revisión Constitucional, considerando ilegal su privación de libertad.
El empresario puso en conocimiento de los representantes de la ONU y las embajadas, que reclama la devolución de bienes valorados en más de 580 millones de dólares, los cuales, según alega, fueron despojados de manera ilícita.
Indica que la resolución TC/0367/21 del Tribunal Constitucional ordena la restitución de su patrimonio.

Comunica, además, que los últimos seis meses ha realizado gestiones y protestas para recuperar sus propiedades y acceder a una justicia independiente y ha presentado tres querellas identificando a los presuntos responsables de los abusos cometidos en su contra, sin recibir respuesta hasta la fecha.
En su carta Antonio Carbone expresa su preocupación por el silencio de las autoridades dominicanas y el aparente temor de los jueces para ejercer la independencia de sus decisiones. Advierte sobre los riesgos que esto podría suponer para otros inversionistas extranjeros o nacionales.
El inversionista llama a los organismos internacionales acreditados en el país a estar alerta ante lo que considera violaciones a la ley, la Constitución, y los tratados internacionales.
«Solicitamos apoyo jurídico personal e institucional para proteger las garantías fundamentales de los inversionistas y ciudadanos», precisó el empresario canadiense.
dijo que a la carta entregada a sede de la ONU en el país y las embajadas, anexó copias de las querellas penales presentadas contra funcionarios del gobierno actual y pasado, así como documentos que evidenciaron el desacato a órdenes judiciales por parte del Ministerio Público.
Carbone concluye su misiva expresando su determinación de continuar la lucha contra la corrupción en República Dominicana, con el objetivo de proteger los derechos fundamentales de los dominicanos y los inversionistas extranjeros.