Santo Domingo, D.N. – El vocero de los regidores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, Prof. Franklin Ferreras, expresó su enérgico rechazo al Decreto 312-25, mediante el cual el Poder Ejecutivo declara en estado de emergencia al Distrito Nacional, sin la debida consulta, información ni participación del Concejo de Regidores.

“Esta declaratoria no es una solución, es el reconocimiento oficial del fracaso del PRM en la gestión de la ciudad capital. La ciudad merece planificación, respeto institucional y soluciones reales, no más improvisación ni atropellos”, declaró Ferreras.

El regidor peledeísta consideró que este decreto representa una grave violación a la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y a los principios de autonomía, transparencia y legalidad consagrados en la Constitución de la República.

“La Ley 176-07, en su artículo 19 literal “a” y en el artículo 52, establece con claridad las competencias del Ayuntamiento del Distrito Nacional y del Concejo de Regidores, en cuanto a la planificación, fiscalización y supervisión de los servicios públicos municipales. Declarar el Distrito Nacional en estado de emergencia sin la previa consulta o conocimiento del Concejo de Regidores constituye una vulneración directa al principio de autonomía municipal consagrado en dicha ley”, afirmó el regidor y vocero de la bancada del PLD.
Agregó que, según el artículo 21 de la misma norma, el presupuesto municipal debe responder a las prioridades definidas en los planes de desarrollo municipal y no puede ser alterado, sin un proceso deliberativo abierto y validado por el Concejo de Regidores del ADN.

“La declaratoria de emergencia conlleva implicaciones presupuestarias, contractuales y de ejecución. Que esta decisión se haya tomado, sin la participación del Concejo de Regidores usurpa sus atribuciones legales y viola el principio de colegialidad, vulnerando el modelo democrático de gestión territorial”, consideró Ferreras.

¿Cómo es posible que se declare en emergencia la capital de la República Dominicana sin que su gobierno local, ni su órgano legislativo municipal, haya sido informado ni consultado?, se preguntó el regidor peledeísta.

“Esta acción autoritaria desconoce la institucionalidad democrática y constituye un atropello a las funciones constitucionales del Concejo de Regidores”, afirmó.
Refirió[o que esta acción, fundamentada en el Decreto 213-25, carece de justificación técnica y legal. “El informe que respalda la emergencia fue emitido cinco días después del decreto, el 21 de abril, evidenciando una anomalía

institucional: se decreta primero y se justifica después. Ni el Ministerio de Salud Pública, ni el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), ni la propia alcaldía emitieron alertas previas sobre una crisis sanitaria, ni se produjo ninguna notificación pública sobre riesgos epidemiológicos”, manifestó.

Explicó que más aún, el uso de esta declaratoria de emergencia para facilitar contrataciones por excepción, sin control ni supervisión institucional, abre una peligrosa brecha a la discrecionalidad, la opacidad y posibles actos de corrupción. “El artículo 6 de la Ley 340-06 establece que la declaratoria de emergencia debe estar debidamente motivada y sustentada en informes técnicos, lo cual no ha sido debidamente socializado. Es decir, el uso del decreto para viabilizar contrataciones por emergencia sin control previo ni rendición de cuentas, además de irresponsable, facilita discrecionalidad administrativa y potencial corrupción”, puntualizó Ferreras.

“La Constitución Dominicana en su artículo 204 promueve el fortalecimiento del poder local y la descentralización. El hecho de que el Poder Ejecutivo tome decisiones tan trascendentales sobre el Distrito Nacional sin consultar al órgano legislativo municipal atenta contra la arquitectura constitucional y reduce al Ayuntamiento a un simple ejecutor sin poder deliberativo real”, afirmó.

Consideró que el pueblo dominicano, y en especial los munícipes de la capital del país, no puede, ni merece seguir pagando la improvisación e ineficiencia del PRM, que luego de casi nueve años al frente del ayuntamiento y más de 4 años al frente del gobierno central no ha sabido prevenir ni resolver los problemas estructurales que hoy afectan a nuestra ciudad.

“Desde el PLD exigimos respeto al orden institucional, participación de los gobiernos locales en las decisiones que los afectan y transparencia en los procesos de compras y contrataciones. Asimismo, exigimos que el Concejo de Regidores sea convocado de forma inmediata para conocer el alcance de esta medida y evaluar sus implicaciones reales”, sostuvo el vocero de los regidores del PLD.