Los abogados defensores acusaron al Ministerio Público de abuso y deslealtad procesal, por alegadamente ocultar informaciones y suministrar incompletas algunas de las pruebas.

El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional declaró inamisible el recurso interpuesto por la defensa de José Ramón Peralta, mediante el cual se buscaba dejar al exministro administrativo de la Presidencia fuera del caso Calamar.

Mediante una instancia, los abogados defensores acusaron al Ministerio Público de abuso y deslealtad procesal, por supuestamente ocultar informaciones y suministrar incompletas algunas de las pruebas y por esas razones buscaban la nulidad de la investigación preparatoria.

De acuerdo con declaraciones de Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa (Pepca), la jueza Franchesca Potentini tomó la decisión a solicitud del Ministerio Público y entender que los señalamientos del exfuncionario no pueden ser certificados hasta tanto no se entregue la acusación formal contra los imputados.

El procurador adjunto señaló que esa acusación será entregada «en el menor tiempo posible».

LO QUE ESTABLECE LA DEFENSA DE PERALTA
La defensa de Peralta acusó a las autoridades de «ocular y utilizar a medias» las declaraciones del testigo Bolívar Ventura, empresario que, según el expediente, sus empresas forman parte de la red que estafó al Estado con más de 19 mil millones de pesos.

La instancia depositada ante el tribunal indica que Ventura fue interrogado el 9 de diciembre de 2022, y que posteriormente fue colocado como testigo a cargo para sustentar la solicitud de medida de coerción en contra de Peralta; indicando que el Ministerio Público «ocultó» a la defensa de Peralta que el mismo también fue interrogado el 27 de diciembre de 2021.
Peralta actualmente se encuentra bajo impedimento de salida y presentación periódica, medida de coerción que le fue impuesta en noviembre tras ser variada la prisión preventiva que le fue dictada inicialmente en abril del 2023.

El exministro administrativo de la Presidencia está acusado de utilizar al menos 11 instituciones con las que gestionaba las expropiaciones irregulares de terrenos, cobro ilegal a bancas de lotería, deportivas y negocios con máquinas tragamonedas, así como la compra de inmuebles con sobrecosto.