Distrito Nacional, República Dominicana – El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó una sentencia condenatoria de cinco años de prisión a Jairo Joel González, conocido como «Criptomonedas», por su implicación en una estafa que afectó a más de 200 personas y que involucró un monto de 100 millones de dólares.

El tribunal, presidido por la jueza Keila Santana Pérez e integrado por los magistrados Elías Santini Perera y Arisleida Méndez Batista, determinó que González deberá cumplir su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres.

Además, se ordenó que el acusado devuelva la suma de 800 mil dólares estadounidenses y pague una indemnización de 25 millones de pesos dominicanos por los fraudes cometidos mediante inversiones ficticias en criptomonedas y la creación de falsos puestos de bolsa de valores.

En el mismo fallo, Gustavo Emilio López de los Santos fue condenado a cinco años de prisión por su participación en el fraude, a través de la empresa fantasma Sporous Capital Investment, que operaba en la provincia de San Cristóbal.

Al salir del tribunal, los abogados de la parte querellante, César Amadeo Peralta, Danilo Lapaix, José Nicomedes Peralta y Francisco Suero, expresaron su satisfacción con la sentencia, destacando que este es el primer caso en el país que recibe una condena por fraudes relacionados con criptomonedas.

El abogado César Amadeo Peralta enfatizó que, a pesar de que el Ministerio Público no participó directamente en el proceso, los jueces acogieron todas sus pretensiones tanto penales como civiles.

Por otro lado, se informó que aún se encuentra prófugo Nathanael Betances, mientras que Samil Abad de la Rosa, uno de los implicados, fue extraditado desde Colombia para enfrentar cargos relacionados con el caso.

Cabe destacar que, además de este proceso, Jairo González enfrenta otras acusaciones presentadas por el Ministerio Público, que incluyen estafa, abuso de confianza, violación a la ley de lavado de activos y a la Ley 249-17 sobre el mercado de valores. En este último caso, podría enfrentar hasta 20 años de prisión.

Este fallo marca un precedente en el país, consolidando el compromiso de la justicia en la lucha contra fraudes financieros en el ámbito de las criptomonedas y otros esquemas fraudulentos.