El centro Carter explicó que el proceso electoral «no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad en ninguna de sus etapas relevantes

El Centro Carter, que participó como observador en las elecciones presidenciales de Venezuela, manifestó este martes que el proceso «no se adecuó» a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo que «no puede ser considerada como democrática».

«El Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela», manifestó el Centro Carter en un comunicado.

La organización destacó que el ente comicial, que ha dado por ganador al oficialista Nicolás Maduro a falta de más de dos millones de votos por computar, no ha anunciado los resultados desglosados por mesa, lo que «constituye una grave violación de los principios electorales».

Explicó que el proceso electoral «no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional».

De acuerdo al Centro Carter, «se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación» y durante del proceso, las autoridades del CNE «mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición».

Agregó que, la actualización del registro de electores «se realizó con numerosos inconvenientes», como «plazos muy cortos, relativamente escasos lugares de inscripción y una mínima campaña de información y difusión públicas».

El problema -prosigue la nota- «se agravó en el exterior, donde los ciudadanos enfrentaron barreras legales desmedidas,

incluso arbitrarias, para inscribirse en el padrón en el extranjero».

Además, aseguró, el registro de partidos y candidatos «tampoco se adecuó a estándares internacionales» y, en años recientes, las formaciones opositoras «han sufrido intervenciones judiciales en desmedro de sus liderazgos social y políticamente más reconocidos para beneficiar a personas afines al gobierno, influyendo sobre la conformación de sus candidaturas».