Santo Domingo, R.D.– La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) obtuvo del Tribunal Superior Administrativo (TSA) la fijación de una audiencia pública en el marco de una medida cautelar anticipada interpuesta contra el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).

El auto judicial número 20144-2025, emitido por el juez presidente Diomede Y. Villalona G. y el secretario auxiliar Mariano Ant. Guzmán Pérez, programó la audiencia para el jueves 23 de octubre de 2025 a las 9:00 a.m., en modalidad virtual mediante la plataforma Microsoft Teams.

Esta decisión da curso a la solicitud presentada por ADOCCO en su calidad de ente fiscalizador de la administración pública. El caso, registrado bajo el número 2025-0270275, busca proteger los intereses ciudadanos frente a presuntas irregularidades en el proceso de licitación para la emisión de licencias de conducir.

El tribunal autorizó a ADOCCO a citar tanto al INTRANT como a la Procuraduría General Administrativa, garantizando así un proceso transparente y la debida defensa de los derechos de la ciudadanía. La modalidad virtual de la audiencia permitirá una amplia participación y seguimiento público del procedimiento.

ADOCCO resalta la trascendencia de esta acción legal como un precedente en la lucha contra la corrupción y en la exigencia de rendición de cuentas por parte de las instituciones del Estado, reafirmando su compromiso con la transparencia en los procesos de contratación pública.

La controversia se remonta a principios de octubre, cuando ADOCCO denunció presuntas irregularidades en la licitación del INTRANT para la emisión de licencias de conducir, proceso en el que resultó favorecido el Consorcio Mobility ID. La organización, presidida por Julio César De la Rosa Tiburcio, acusa al ingeniero Milton Morrison de haber actuado en connivencia con dicho consorcio para defraudar al Estado dominicano, en violación de varios artículos del Código Penal y de normas anticorrupción vigentes.

Según la denuncia presentada ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), el pliego de condiciones del INTRANT habría sido diseñado expresamente para beneficiar a un único oferente: el Consorcio Mobility ID, integrado por las mismas empresas responsables de la emisión del pasaporte dominicano y de la nueva cédula de identidad y electoral.

ADOCCO advierte que, con esta adjudicación, los tres documentos de identidad más sensibles del país —cédula, pasaporte y licencia de conducir— quedarían bajo el control de un mismo grupo empresarial, vinculado, además, a empresas que gestionan documentos similares en Haití. Esta concentración, según la organización, representa un riesgo grave para la seguridad nacional y la privacidad de los ciudadanos.

Asimismo, se denuncia que Mobility ID habría falsificado documentos técnicos relacionados con la impresora láser CLM600, presentándose como su fabricante para cumplir con los requisitos del pliego, pese a no serlo. Este acto, según ADOCCO, constituye falsificación de documentos públicos y un engaño deliberado al Comité de Compras y Contrataciones del INTRANT.

La organización también señala que el proceso violó el principio de libre competencia consagrado en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, al excluir de facto a otros posibles oferentes. En su denuncia, ADOCCO acusa formalmente a Morrison y al Consorcio Mobility ID de infringir los artículos 146, 147, 148, 150 y 151 del Código Penal, así como disposiciones de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.