La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Fiscalía de Peravia, acusó y solicitó apertura a juicio en contra de una red criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, armas y al lavado de activos, que operaba en la zona sur del país, teniendo como centro el municipio Baní, provincia Peravia, así como las provincias Barahona y Pedernales.

Sostiene que la estructura estaba liderada por once personas físicas y dos jurídicas, cuyos miembros son dominicanos, holandeses, venezolanos y arubeños, integrada por Albertico Franklin Leung, Seymour Myron Whitfield, Ronny Anyolin Guerrero Reyes, Carmen Magdalena Ramírez Pérez, Jennifer Sahira Villafaña Pujols, Erick Fulgencio Mota, Julio Paulino Tineo, Alan Joseph Del Rosario Polanco, Isabel Emilia Báez Alcántara, Francisco Javier Martin García, Manuel Apolinar Báez Melo, así como las razones sociales Caribbean Sea Services SRL., y Nuevo Orden Company SRL., quienes introducían al país altas cantidades de drogas narcóticas, por la vía marítima.

En la acusación, depositada en el Juzgado de la Instrucción de esta jurisdicción, el Ministerio Público también solicita el decomiso de más de 12 vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos, como teléfonos satelitales, prendas suntuosas, dinero en efectivo, entre otros objetos ocupados durante el proceso de investigación.

Según se informó, la Fiscalía de Peravia y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) iniciaron la investigación el 29 de abril de 2021, luego del decomiso de 35 sacos de nylon, con 872 paquetes, que contenían la cantidad exacta de 892.21 kilogramos de cocaína clorhidratada, identificados con el logotipo La Patrona y confirmado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), así como un segundo hallazgo de 26.4 kilogramos de cocaína, en la residencia del acusado Albertico Franklin Leyng y David Alberto Leug, este último, quien se encuentra prófugo tras escaparse del Centro de Privación de Libertad (CPL) de Baní. Junto a Leug, también se encuentra prófuga su pareja sentimental, la nacional venezolana Leydimar del Carmen Prado.

La investigación

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, por su parte, activó, a solicitud de la Fiscalía de Peravia, la investigación financiera, lo que permitió identificar una organización dedicada a mover exorbitantes sumas de dinero en el sistema financiero nacional, logrando colocar de manera conjunta la suma de ciento ochenta y nueve millones trescientos treinta y un mil seiscientos cuarenta pesos con setenta centavos (RD$189,331,640.70) y salidas por ciento cuarenta y cuatro millones ciento cuarenta y un mil quinientos cuarenta y nueve con siete centavos (RD$144,141,549.07), de los cuales un alto porcentaje fueron colocados en el sistema en efectivo.

De igual manera, otros miembros de la estructura, pudieron mover sumas como de RD$ 54,265,680.89, en pesos, y de hasta US$ 19,881.00, en dólares, por parte de Ronny Guerrero; Erick Fulgencio Mota también la suma de RD$ 42,789,496.52, y por parte de Jennifer Sahira Villafaña Pujols, RD$ 37,608,371.74.

Elementos de prueba

Durante la investigación realizada por el Ministerio Público, fueron obtenidos elementos de pruebas de carácter material, documental, pericial y testimonial que demuestran que los acusados adecuaron su conducta a las tipologías de lavado de activos, procedentes de narcotráfico y tráfico de armas.

El órgano del sistema de justicia recordó que un primer grupo fue acusado, integrado por Jhon Braulio Acuña Echavarría y Aidée Gabriela Hernández de Acuña, el prófugo David Alberto Leung Escudero y Leydimar del Carmen Lugo Prado (estos dos últimos en rebeldía), cuyo proceso se encuentra en la etapa de juicio, en el Tribunal Colegiado de Peravia.

Por formar parte de esta misma red, fue condenado Jarick Patrick Steven Farro a 20 años de prisión, pero murió estando recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-Najayo, en San Cristóbal.

A través de una nota de prensa, la magistrada Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y el fiscal titular de la Fiscalía de Peravia, Ángel Darío Tejeda Fabal, señalaron que esta acusación es un marco de combate al tráfico internacional de drogas y sustancias controladas, ya que este flagelo representa una grave amenaza que compromete la salud pública, la convivencia pacífica y la integridad física de los dominicanos.

Comunicaron a la vez, que la investigación estuvo a cargo del procurador general de Corte de Apelación de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Pedro Medina Quezada.