En su columna publicada en el periódico De Último Minuto, Bordas subrayó que la reciente solicitud de inmovilización de bienes por parte del Ministerio Público se apoya en la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Aunque aclara que no ha tenido acceso directo a la solicitud judicial, el abogado presume que se fundamenta en el artículo 23 de dicha ley, que permite incautar o congelar bienes sin previa audiencia, como medida provisional durante el proceso investigativo.

Bordas plantea que la clave del caso podría estar en el enfoque integral adoptado por las autoridades. «No solo se trata de investigar las causas físicas del colapso, sino también el funcionamiento completo de la empresa: su estructura legal, obligaciones fiscales, régimen laboral y administración financiera», sostiene el jurista.

El abogado explica que, si se comprueba la existencia de trabajadores no registrados en la TSS, evasión de impuestos o ingresos no declarados, estos serían considerados delitos precedentes al lavado de activos. Según la normativa vigente, tales delitos podrían acarrear sanciones de hasta 20 años de prisión.

Asimismo, advierte que si se identificaran elementos como tráfico de influencias o autorizaciones irregulares en el proceso de construcción o de habilitación del establecimiento, también estaríamos frente a delitos que justifican la intervención del Ministerio Público en el marco de la Ley 155-17.

“Este no es el momento de emitir juicios anticipados”, puntualiza Bordas en su análisis. “Es momento de observar con detenimiento el proceso, exigir transparencia y permitir que las instituciones actúen con el rigor técnico y legal que se espera”.

Su reflexión concluye con un llamado a considerar que, detrás de una tragedia de alto impacto como la ocurrida en Jet Set, puede haber ramificaciones jurídicas más profundas, cuya investigación podría destapar una realidad empresarial y financiera irregular que merece atención pública y judicial.