Santo Domingo, República Dominicana, jueves 20 de marzo de 2025. – El abogado del empresario canadiense Antonio Carbone y la turista estadounidense Patricia Henwood anunció que recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) tras la decisión de la jueza Milagros Mercedes Ramírez Cabrera, de la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, quien rechazó el recurso de hábeas corpus interpuesto por los extranjeros. El recurso fue presentado debido a una detención irregular en Punta Cana y extorsión perpetrada por agentes de la Policía Nacional apostados en la zona.

La jueza Ramírez Cabrera declaró buena y válida la presentación del recurso, pero desestimó el fondo del mismo, programando la lectura íntegra de su decisión para el próximo 27 de marzo a las 9:00 de la mañana.

Al término de la audiencia, el abogado de los accionantes, Ramón Peralta, expresó su inconformidad con la resolución y afirmó que recurrirá la decisión ante el Tribunal Constitucional. Según Peralta, la decisión refleja un desconocimiento de los jueces dominicanos sobre las acciones constitucionales y el derecho de los ciudadanos a la protección de sus derechos fundamentales.

«Hemos depositado un hábeas corpus preventivo a favor de un ciudadano que ha demostrado al tribunal que ha sido víctima de una persecución constante. Sin embargo, el tribunal, en lugar de tutelar ese derecho, rechazó el recurso alegando que no existían indicios suficientes», expresó el abogado.

Peralta también señaló que, durante la audiencia, los testigos confirmaron que tanto Carbone como Henwood fueron víctimas de un atropello jurisdiccional. A juicio del abogado, el sistema constitucional del país está desactualizado y es necesario que el Tribunal Constitucional intervenga para proteger los derechos fundamentales de los afectados.

Antonio Carbone y Patricia Henwood interpusieron el recurso de hábeas corpus preventivo luego de denunciar un secuestro y extorsión en Punta Cana. Según su testimonio, fueron retenidos junto a otros acompañantes por más de una hora por supuestos agentes policiales que les revisaron las pertenencias bajo amenazas con armas de alto calibre.

El abogado reiteró que, ante la falta de garantías en este proceso, acudirá al Tribunal Constitucional para que se tutelen los derechos de sus representados y se haga justicia en este caso.