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Santo Domingo, República Dominicana.- El empresario Antonio Carbone continúa su batalla legal, defendiendo su versión de los hechos después de que el Tribunal Constitucional (TC) anulara su sentencia original de 20 años de prisión, decisión que ha sido posteriormente confirmada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) tras múltiples revisiones judiciales.
En tres ocasiones el empresario canadiense ha demostrado ante los tribunales que hubo una incorrecta aplicación de la norma en cuanto al principio del juez natural, en la acusación de atentar contra la vida de Fernando Arturo Guerrero Báez, quien fue su empleado y ahora tiene varios de sus negocios en posesión.
La sentencia SCJ-SS-24-0841, emitida el 15 de octubre de 2024 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, respalda las decisiones previas del Tribunal Constitucional (TC),
destacando dos violaciones fundamentales en el proceso judicial original:
- Inobservancia del principio del juez natural
- Trasgresión del debido proceso legal
En esas tres oportunidades se ha ratificado la violación del debido proceso de ley por no haberse encontrado el tribunal de juicio correctamente conformado al momento de dictarse la sentencia condenatoria.
Se recuerda que Báez Guerrero se declaró dueño de cinco casinos y socio en otros ocho establecimientos, incluyendo discotecas y apartamentos, todos originalmente pertenecientes al Grupo Dream Corporation Inc, que preside Antonio Carbones.
Esos inmuebles forman parte de los bienes que mediante sentencia el Tribunal Constitucional ordenó su devolución al inversionista extranjero.
Los bienes de Carbone y su familia están valorados en 580 millones de dólares, incluyendo 13 casinos, discotecas, 1,500 bancas de apuestas deportivas y lotería, además de propiedades inmobiliarias.
El empresario canadiense acusa a un grupo de empresarios, políticos y legisladores de apoderarse de sus bienes de forma fraudulenta y argumentando la utilizando de manipulación en la administración de la justicia como un arma blanca.
La resolución judicial representa un momento crucial en la prolongada batalla legal del empresario por recuperar su patrimonio y defender su reputación.
