De acuerdo con el Ministerio Público, estas cámaras y su acceso al tráfico formaban parte de un “esquema ilegal de espionaje” dirigido por Jochi y Carlos Peguero, otro de los imputados.

A través de la denominada “Operación Camaleón”, el Ministerio Público anunció el desmantelamiento de una supuesta red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco y estafa contra el Estado.

Durante el despliegue de esta operación fue arrestado José “Jochi” Ángel Gómez-Canaán, tras ser interrogado a mediados de la semana en la Procuraduría General de la República (PGR) sobre presuntas irregularidades en la licitación para la modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo con el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant).

Sobre esta licitación, los fiscales aseguraron que Transcore Latam, la empresa vinculada a Gómez-Canaán que le fue adjudicada el concurso, usó las instalaciones semafóricas para un fin distinto para el que fueron contratados.

Así lo estipuló el Ministerio Público en su solicitud de audiencia para conocer medida de coerción en contra de los implicados en el caso Camaleón, en la que afirmaron que Transcore Latam instaló elementos distintos a los ofertados.

Igualmente aseveraron que esta empresa agregó otros elementos de manera unilateral, como fibra óptica, nodos de concentración y kits de Starlink, que tampoco formaban parte de la oferta técnica original. También aseguraron que instaló 55 cámaras.

¿Con qué fin? De acuerdo con el Ministerio Público, estas cámaras y su acceso al tráfico formaban parte de un “esquema ilegal de espionaje” dirigido por Jochi y Carlos Peguero, otro de los imputados.

“La manipulación de datos y la vigilancia encubierta de ciudadanos sin su consentimiento crea una amenaza directa a la privacidad y seguridad, configurando delitos contra la seguridad pública y otros crímenes conexos”, leía parte del referido documento.

Además, los fiscales indicaron que este tipo de actividades significarían una amenaza para la seguridad pública, asegurando que esto no solo implica espionaje ilegal, sino que también las informaciones recogidas utilizando esta tecnología podría ser utilizada en actos de extorsión.