La operación se realizó con la colaboración entre diversas entidades, incluyendo la Policía Nacional, Aduanas, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y la División Especial de Delitos Transnacionales.

En un operativo liderado por el Ministerio Público, se logró desarticular en esta provincia una red criminal dedicada al tráfico internacional de municiones.

La operación se realizó con la colaboración entre diversas entidades, incluyendo la Policía Nacional, la Dirección General de Aduanas (DGA), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), y la División Especial de Delitos Transnacionales (DEIDET).

Las autoridades informaron que se llevaron a cabo acciones claves que culminaron en la identificación y captura de los principales involucrados.

Dentro de las acciones realizadas en el proceso judicial seguido a Armando Rafael Grullón Gutiérrez (a) «Armando Grullón», se ejecutó en esta provincia una operación en la que se interceptó el envío de municiones, cuya consignación se encontraba a su nombre, la cual fue enviada por la imputada Elsie Milagros Cintrón Feliu (a) «Elsie Cintrón».

Durante el allanamiento, encabezado por la licenciada Ironis del Rocío Estrella Tejeda, del Ministerio Público, además, se incautaron US$197,180.00 dólares estadounidenses y 200,000.00 pesos dominicanos, confirmando la magnitud de las operaciones ilícitas de esta red.

Ambos, según se ha establecido en la investigación, se asociaron y coordinaban las actividades necesarias para cometer los actos ilícitos. En la investigación, realizada por el fiscal Leury Ureña, se determinó que los involucrados violentaron las disposiciones establecidas en la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y el Código Penal Dominicano.

El Ministerio Público informó los imputados fueron sometidos a la acción de la justicia y les fueron impuestas como medida de coerción, por el juez Romaldy Marcelino Henríquez, una garantía económica de 100 mil pesos en efectivo, impedimento de salida del país y presentación periódica.

El juez, además, ordenó el secuestro de todos los objetos ocupados, en virtud de las pruebas aportadas por la fiscal Karen Lidia Santana.

En la audiencia el Ministerio Público solicitó que se le impusiera la prisión preventiva como medida de coerción para evitar el peligro de fuga.