El Ministerio de Economía presentó estos retos en su balance económico preliminar del primer trimestre de este año

Ante la inminente presentación de una reforma fiscal integral, República Dominicana se encuentra en un momento decisivo de cara al futuro. De acuerdo con el Ministerio de Economía, para que el país pueda convertir “crecimiento” en “calidad de vida” para la sociedad, primero “debe derribar un número importante de barreras estructurales”.

Esas trabas tienen que ver con las restricciones de capital humano, la limitada competitividad de la economía en sectores más intensivos en conocimientos y tecnología, la insuficiencia fiscal, la insostenibilidad financiera del sector eléctrico, los bajos salarios, la limitada protección que ofrece la seguridad social, y “una serie de arreglos y capacidades institucionales que limitan las transformaciones y la modernización productiva”.

Así lo indicó este martes el Ministerio de Economía en su balance económico preliminar del primer trimestre de este año y desafíos de desarrollo de largo plazo. En ese informe, de ocho páginas, la institución presentó cinco desafíos a los que se enfrenta el país para lograr un crecimiento más sostenido e inclusivo.

La transformación del aula en un espacio efectivo de enseñanza y aprendizaje “es probablemente el desafío más importante que enfrenta el país”, señaló Economía.

El problema se lo atribuyó a las limitadas habilidades humanas, al indicar que “es la restricción más severa para el desarrollo y bienestar a la que nos enfrentamos”.

“Esto está restringiendo severamente las capacidades de las empresas para crecer y volverse más productivas; las del Estado para ofrecer servicios de más calidad y de forma eficiente; y la de las instituciones civiles para esos mismo fines”, reconoció la institución.

Otra de las consecuencias, ante ese panorama, es que el país se ha visto impedido de tener una economía de salarios más altos y empleos de mayor calidad.

Para hacerle frente a estas limitaciones, Economía apuntó que es indispensable invertir “mucho más” en formación docente, generar incentivos, penalidades y supervisión efectiva de maestros, así como lograr una revisión curricular continua, que se adapte a los cambios ante los nuevos conocimientos.

También, orientar más estratégicamente los programas de educación secundaria, técnica y universitaria, pero, sobre todo, que la ciudadanía asuma las demandas de una educación de calidad “como el gran objetivo de estos tiempos”.