La jueza Fátima Veloz, también acogió la solicitud del Ministerio Público y declaró el caso complejo.

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra siete de los ocho imputados en la red que captó más de RD$3,000 millones, a través de un esquema fraudulento denominado Investor Winner, el cual fue desmantelado mediante la Operación Gaviota.

La jueza Fátima Veloz, también acogió la solicitud del Ministerio Público, representado por los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguin Liz, Enmanuel Ramírez, Miguel A. Crucey y Alexis Piña, y declaró el caso complejo, por la pluralidad de los hechos y de víctimas afectadas en el caso.

La medida cautelar de los acusados, Rafael Martínez Batista, Rafael Martínez Colón, William Félix Esquez D’ Oleo, Carlos Manuel Jiménez Mauricio, Yunior Ariel Espinosa Martínez deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR17) Najayo Hombres.

Mientras que, Eridania García Veloz de Martínez y Joanna del Cristo Amparo de Jiménez fueron enviadas a Najayo Mujeres.

Respecto a la imputada, Lucía Martínez Colón, el tribunal le impuso una garantía económica de un millón de pesos, a través de una empresa aseguradora; presentación periódica e impedimento de salida, como medida de coerción.

La magistrada pautó para el próximo 12 de septiembre la revisión obligatoria de la medida cautelar.

Hechos que se les imputan

De acuerdo al órgano acusador, mediante maniobras fraudulentas, la organización criminal prometía a las personas invertir el dinero en actividades de trading, asegurándoles un rendimiento mensual del 10% al 30%.

La red se valía de medios tecnológicos para perpetrar la estafa, empleando redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para atraer y engañar a las víctimas. Asimismo, prometían rendimientos inusualmente altos y prácticamente imposibles de cumplir, atrayendo a los inversores potenciales con promesas de ganancias extraordinarias y seguras, mucho más allá de lo que se puede obtener en inversiones legítimas.

Por igual, los imputados reclutaban a los inversores y los convencían de que estaban realizando una inversión legítima. Creaban empresas para captar valores del público sin poseer los permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores.