Santo Domingo, 6 jun.- El Gobierno aseguró este jueves que se trata de una «confusión» las informaciones que atribuyen a varias instituciones gubernamentales el pago de asesores con altos salarios, ya que estos, en realidad, desempeñan funciones específicas dentro de esos organismos.

El portavoz del Gobierno, Homero Figueroa, dijo que esos asesores han sido nombrados así por un asunto de «denominación», pero que en realidad desempeñan funciones ejecutivas en sus respectivas instituciones.

ASUNTOS BUROCRATICOS CAUSARON CONFUSION

«Esos asesores ocupan posiciones de direcciones, están en servicio continuo y constante (…) es una confusión, son directores, pero asuntos burocráticos se les da esa denominación», afirmó el alto cargo al ofrecer informaciones a los medios tras concluir la reunión del Consejo de Ministros que encabezó el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional.

En días recientes han salido en varios medios de comunicación los nombres y los sueldos que reciben decenas de asesores del Gobierno, luego de que el Ministerio de Administración Pública (MAP) emitiera una resolución en la que regula el número de asesores en los órganos y entes del Poder Ejecutivo con de propósito de racionalizar y transparentar la nómina pública.

COHERENCIA CON PLANES DEL GOBIERNO

Explicó el organismo que esto se hace para mejorar el gasto y estar en coherencia con los planes y compromisos del Gobierno de «eficientizar» la gestión pública.

La resolución 184-2024 establece que las instituciones del Poder Ejecutivo solo podrán nombrar dentro de su estructura organizativa, una cantidad máxima de asesores, equivalente al número de viceministerios, subdirecciones generales o nacionales, intendencias, subadministraciones o equivalentes que tenga la institución.

Esas medidas fueron tomadas de acuerdo con lo dispuesto en la ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, la ley 247-12 Orgánica de la Administración Pública, la 41-08 de Función Pública y la ley 423-06 Orgánica de Presupuesto para el Sector Público; además de la ley 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano.

Los altos salarios que reciben estos asesores han sido duramente criticados por varios sectores de la sociedad civil, al considerar de que estos no se justifican y, en realidad, se convierten en pagos superfluos.