SANTO DOMINGO. La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitió la Resolución RIC-0160-2026, mediante la cual declaró su incompetencia material para conocer la solicitud de investigación presentada por la Red de Veedores Sociales de San Cristóbal contra el contrato suscrito entre el Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal y la empresa Blue Energy Power, S.R.L., para la gestión integral del vertedero municipal.

La decisión fue adoptada luego de que la DGCP verificara que durante el proceso no fueron aportados los elementos necesarios para sustentar las alegaciones formuladas en la denuncia. De acuerdo con la resolución, el Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal no presentó el escrito de defensa que le fue requerido por el órgano rector, mientras que la Red de Veedores Sociales tampoco respondió al requerimiento para pronunciarse sobre la excepción de incompetencia planteada por la empresa contratista. 

Tras analizar la naturaleza del contrato, la Dirección General de Contrataciones Públicas concluyó que el acuerdo no constituye una contratación pública ordinaria regida por la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, sino que reúne las características de una alianza público-privada o concesión, al tratarse de un proyecto financiado con inversión privada, sin erogación de fondos públicos por parte del Ayuntamiento y con una vigencia de 15 años. En consecuencia, determinó que la supervisión de este tipo de contratos corresponde a la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP).

En virtud de esa conclusión, la DGCP acogió el medio de excepción planteado por Blue Energy Power y se declaró materialmente incompetente para conocer el fondo de la investigación, por lo que decidió no pronunciarse sobre los demás señalamientos formulados por la Red de Veedores Sociales. 

La resolución se produce en momentos en que el Ayuntamiento de San Cristóbal también enfrenta una sanción impuesta por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales por la situación del vertedero municipal. Este escenario podría abrir paso a eventuales reclamaciones por daños y perjuicios contra el cabildo, cuyas posibles indemnizaciones tendrían que ser cubiertas con recursos municipales, impactando directamente las finanzas del Ayuntamiento y, por ende, a los ciudadanos de San Cristóbal.