SANTO DOMINGO, RD.– El Ministerio Público depositó ante el Juzgado de la Instrucción de San Juan de la Maguana la acusación formal contra Wander Samuel Franco Aybar por el porte ilegal de un arma de fuego, hecho ocurrido en noviembre del año pasado.

La instancia fue presentada por los fiscales Adolfo Augusto Pérez Féliz, titular de la jurisdicción, y Francis Amaury Bidó Matos, quienes solicitaron la apertura a juicio al considerar que existen suficientes elementos de prueba que comprometen la responsabilidad penal del imputado.

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Franco Aybar fue arrestado en flagrante delito el 10 de noviembre de 2024, cuando transitaba por la calle Doctor Cabral del residencial Sara de los Ángeles, en San Juan, a bordo de un vehículo Mercedes Benz, negro, placa G584255. Durante una intervención policial, se le ocupó un arma de fuego marca Glock, modelo 19 GHT121, con cargador y 15 cápsulas, sin documentación legal.

El arma, según el registro oficial, pertenece a Branly Fernando Lugo Rodríguez, quien, de acuerdo con declaraciones del propio acusado, es su tío.

El arresto se produjo tras una discusión y forcejeo entre Franco y José Yasel Cohen Sánchez, en presencia de una mujer con la que el acusado compartía. El altercado fue intervenido por agentes de la Policía Nacional, entre ellos el segundo teniente José Rafael Cohen Beras (padre de Cohen Sánchez), el primer teniente Kelvin Raúl Tejeda Ramírez y el sargento Lagarez Quezada.

Una evaluación médica determinó que ninguno de los involucrados presentaba lesiones recientes. Posteriormente, ambos firmaron un desistimiento notarial el 11 de noviembre. Sin embargo, el Ministerio Público decidió mantener la acusación por violación del artículo 67 de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en calidad de autor material del hecho.

En paralelo, Franco Aybar enfrenta un proceso judicial en Puerto Plata, donde es juzgado por abuso sexual infantil, junto a una mujer acusada de explotación sexual de su hija menor de edad.

El Ministerio Público solicitó al tribunal fijar audiencia preliminar para conocer la solicitud de apertura a juicio y mantener la medida de coerción vigente, consistente en presentación periódica, al no haber variado las condiciones que motivaron su imposición.