Santo Domingo, 29 de abril de 2025 – Ante el incremento sostenido del flujo migratorio desde Haití, la República Dominicana ha intensificado sus políticas de control fronterizo y migratorio, en un contexto marcado por una profunda crisis humanitaria en el país vecino.

Cada día, cientos de ciudadanos haitianos cruzan la frontera en busca de refugio frente a la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades. En respuesta, el gobierno dominicano ha adoptado una serie de medidas para preservar su soberanía, proteger sus recursos y garantizar el cumplimiento de su legislación migratoria.

El presidente Luis Abinader ha respaldado estas acciones amparado en la Ley General de Migración 285-04. Hasta abril de 2025, se han deportado más de 209,000 ciudadanos haitianos. El gobierno ha anunciado una serie de acciones clave:

Incremento del personal militar y de la vigilancia en la frontera.
Ampliación del muro fronterizo en puntos estratégicos.
Reforzamiento institucional, con más agentes migratorios y nuevas oficinas en todo el país.
Reforma legal con sanciones más severas para infracciones migratorias.
Requisitos más estrictos para el acceso a servicios públicos.
Incentivos a empresas que prioricen la contratación de mano de obra dominicana.
“El tema haitiano es muy complejo y forma parte de nuestra historia. Haití es una de las naciones más pobres del hemisferio, sin institucionalidad ni un Estado funcional. La pobreza, el hambre y la desigualdad han contribuido a esta crisis”, expresó Antonio Medina, director de Cooperación Nacional e Internacional de la UASD.

Presión en los servicios públicos
Uno de los sectores más impactados es el de la salud. Aunque en lo que va de 2025 se ha registrado una ligera reducción en los partos atendidos en hospitales públicos, más del 35% de estos corresponden a madres haitianas. En 2024, el Estado dominicano destinó más de RD$1,068 millones a la atención de estos partos. En algunos centros hospitalarios, esta cifra supera el 85%.

Las autoridades han comenzado a exigir documentación válida para brindar atención médica en casos no urgentes.

Por otro lado, la educación pública también refleja el impacto migratorio: en los últimos siete años, la matrícula de estudiantes haitianos aumentó de 49,000 a casi 138,000 alumnos. Algunos sectores cuestionan la obligación del Estado de brindar educación a menores extranjeros indocumentados, según lo establecido en la legislación actual.

Llamado al respeto y a la cooperación
Diversas organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, han denunciado que algunas deportaciones se realizan sin el debido proceso y sin garantizar la seguridad de los migrantes retornados. No obstante, autoridades dominicanas insisten en que el país tiene el derecho y el deber de aplicar políticas migratorias claras y firmes.

“El pueblo dominicano ha sido históricamente solidario, pero también es necesario poner orden. No se trata de fomentar el odio, sino de buscar soluciones legales, humanas y sostenibles”, agregó Medina. “Nos conviene que Haití supere sus dificultades, porque una mejor situación allá tendría efectos positivos aquí”.

La República Dominicana se enfrenta así a un dilema complejo: proteger su integridad territorial y sus servicios públicos, sin perder de vista la dimensión humana del fenómeno migratorio.