El Ministerio Público informó que el número de víctimas de la red de estafa inmobiliaria desmantelada mediante la Operación Guepardo aumentó a 175. Asimismo, indicó que otras personas que acudieron a la audiencia sin haber presentado querella podrían sumarse al proceso en una etapa posterior.

Durante la audiencia de medida de coerción, la jueza Margarita Cristo, de la Oficina de Atención Permanente de La Romana, impuso 18 meses de prisión preventiva a los imputados Marisol Nova Novasco, Rocío del Alba Rodríguez de Moya e Yves Alexandre Giroux. Según el Ministerio Público, Giroux es señalado como el cabecilla de la estructura delictiva.

El fiscal Claudio Cordero afirmó que la versión de Giroux, quien alega haber vendido sus acciones en Novasco Real Estate y desvinculado de la empresa, responde a una estrategia de defensa. «Logramos demostrar que se trató de un entramado del que Giroux intentó salir para evadir responsabilidad. Sin embargo, en el allanamiento realizado el 7 de febrero de 2025, se le ocuparon documentos originales de la empresa», explicó el fiscal.

Sobre la situación de Loany Lismeiry Ortiz Nova, quien fue apresada el pasado 15 de febrero en Colombia, el Ministerio Público informó que su proceso de extradición está en curso y aún no se ha definido si optará por acogerse voluntariamente o postergar su decisión.

Modus operandi y perjuicio económico

La acusación detalla que la red operaba a través de Novasco Real Estate S.R.L. y la franquicia RE/MAX ONE, utilizando estas empresas como fachada para captar inversionistas. Promovían proyectos inmobiliarios inexistentes, como «Romana Victoriana Residences», logrando recaudar más de 18 millones de dólares. Entre las 175 víctimas se encuentran ciudadanos de Estados Unidos, Puerto Rico, Suiza, Alemania y Canadá, así como el Estado dominicano, afectado por la evasión fiscal.

Las autoridades continúan avanzando en el proceso con el objetivo de hacer justicia y recuperar los fondos obtenidos fraudulentamente. La Operación Guepardo, puesta en marcha el pasado 7 de febrero por la Fiscalía de La Romana y la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, incluyó 11 allanamientos y la incautación de bienes relacionados con la estafa.