«la ley federal prohíbe a los actores estatales y locales resistirse, obstruir e incumplir de cualquier modo las órdenes legales relacionadas con la inmigración».

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha amenazado a las autoridades locales y estatales con llevarlas a juicio si no cooperan con las prometidas políticas migratorias del presidente Donald Trump, que incluyen la deportación de millones de migrantes en situación irregular.

Citando una cláusula constitucional sobre la división de poderes, el fiscal general interino, Emil Bove, dijo en un memorando que «la ley federal prohíbe a los actores estatales y locales resistirse, obstruir e incumplir de cualquier modo las órdenes legales relacionadas con la inmigración».

«El Departamento de Justicia investigará los incidentes que involucren cualquier conducta indebida para una posible acusación», añadió Bove en el memorando emitido el martes por la noche y publicado por los medios estadounidenses el miércoles.

Trump anunció restricciones drásticas a la inmigración y el asilo en Estados Unidos horas después de asumir el cargo, lo que incluye la proclamación de la emergencia nacional en la frontera con México y poner fin a la ciudadanía por nacimiento.

El presidente republicano prometió durante su campaña a la Casa Blanca llevar a cabo la mayor deportación de migrantes de la historia de Estados Unidos.

Según Bove se ha creado recientemente un grupo de trabajo sobre las llamadas ciudades santuario, que protegen a los migrantes de ser expulsados.

Dijo que identificarían «leyes, políticas y actividades estatales y locales que sean inconsistentes con las iniciativas migratorias del poder ejecutivo» para cuando «sea apropiado tomar medidas legales» contra esas normativas.

Varias «ciudades santuario» controladas por demócratas en Estados Unidos restringen la cooperación con las autoridades federales de inmigración.

«Leyes y acciones que amenazan con obstaculizar las iniciativas migratorias del poder ejecutivo, incluida la prohibición de divulgar información a las autoridades federales involucradas en actividades de aplicación de la ley migratoria, amenazan la seguridad pública y la seguridad nacional», estimó Bove.

La oficina federal de investigación estadounidense (FBI) y otras agencias deberían «revisar sus archivos en busca de información identificativa y/o datos biométricos relacionados con no ciudadanos que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos» y entregarlos al Departamento de Seguridad Interior para facilitar las deportaciones, dijo Bove, que fue uno de los abogados personales de Trump antes de ser nombrado en el Departamento de Justicia.